Este libro trata las políticas oficiales del ámbito musical durante la Transición (1975-1982). A través de documentos inéditos y fuentes orales, entre otras, se estudia el espectro discursivo de ruptura/reforma característico de este proceso sociopolítico. La hemerografía será fundamental, pues la prensa jugó un papel fundamental en la función vicaria del Estado.

La creación de nuevos organismos, como la Dirección General de Música, es producto de la aparición del Ministerio de Cultura (1977), resurgido de las cenizas de la cartera franquista de Información y Turismo. Aunque lleva a cabo una administración lastrada por el carácter de relumbrón típico de la dictadura, descollarán nuevas caras —como Jesús Aguirre—, aunque no llegarán a problematizar el discurso oficial continuista. Como contrapunto, se convocarán huelgas, encierros y manifestaciones, y el sindicalismo y asociacionismo musicales reivindicarán un cambio real, llegando a pedir incluso una «amnistía musical», citando a Llorenç Barber. Sin embargo, ponemos en conflicto algunos conceptos —«Estado», «Democracia», «Libertad», «Cultura» o «música experimental»—, que son vaciados de contenido para ser articulados en campos opuestos. Corroboramos las políticas elitistas desarrolladas por el Ministerio de Cultura, que se vanagloriaba asegurando que llevaría la música a los «suburbios», las «fábricas» y las «cocinas», mientras iba consolidando lo que se entiende como Cultura de la Transición, que solo favorecía a las capas medias y altas, borrando del mapa cualquier práctica musical «no deseable» (desde la rumba suburbial hasta las y los músicos académicos exiliados).

En definitiva, la gestión musical también coadyuvó el orden social que se quería imponer en la Transición. No solo se trataba de democratizar la cultura —expresión que solo se da en los márgenes de lo contradictorio e imposible—, sino de proponer una cultura de la democracia dictada por el Estado, lo que comprobamos a través de los ocho capítulos del libro.